por Pablo “Pibe” Ruiz
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este lunes que el nuevo Código Penal de Cuba, que entró en vigor el 1 de diciembre, eleva a 24 los delitos sancionables con la pena de muerte, cuatro más que en la normativa de 1987; también denunció que persigue el ejercicio cívicio de cualquier derecho político.
“La pena de muerte toma fuerza en Cuba. Tras la aprobación del nuevo Código Penal ascendieron a 24 los delitos sancionables con la pena capital. De esta manera, el Estado cubano marcha contrario a la tendencia internacional de abolir la pena de muerte, e intenta usar la nueva norma para amenazar, incluso con la muerte, a quienes intenten cambiar la situación de represión y miseria”, denunció Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH.
El nuevo Código Penal incluso prevé un artículo (el 120.1) que sanciona con cárcel, de cuatro a diez años, a quien “ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República”.
También se criminaliza y establece una condena de hasta 10 años de prisión contra las actividades de cooperación internacional o de asistencia financiera a proyectos de la sociedad civil independiente, fuera de control estatal (142), lo cual, además de ir en contra de un derecho reconocido por la ONU a la sociedad civil, es un obstáculo para la asistencia al empobrecido pueblo cubano. En noviembre, se registraron al menos 352 acciones represivas en Cuba, de las cuales, 121 fueron algún tipo de detención arbitraria y 231, otros abusos. Entre estos últimos aparecen sitios de viviendas (88), abusos contra presos políticos (36), citaciones policiales, multas, cortes de internet y telefonía, juicios, amenazas, exilio forzado o impedimento de salir del país.
“Cada mes se repite el esquema represivo, pero ahora el régimen cubano cuenta con una nueva herramienta para violar todavía más los derechos fundamentales de los ciudadanos. Exigimos a los gobiernos democráticos, la Unión Europea y a los organismos internacionales que repudien la decisión de La Habana de incrementar los delitos sancionados con la pena de muerte y el resto de arbitrariedades presentes en el nuevo código penal”, indicó Cires.
(6 de diciembre, 2022)
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