por HRW
La Organización de los Estados Americanos (OEA) debería presionar al gobierno de Maduro en Venezuela para que las autoridades dispongan la liberación de todos aquellos que hayan sido detenidos y procesados arbitrariamente y desistan de los cargos penales en su contra, señaló hoy Human Rights Watch. Además, la OEA debe exigirle a Venezuela que investigue las denuncias de que varios detenidos han sufrido golpizas y torturas mientras estuvieron bajo arresto, y dar a conocer al público los resultados de la investigación.
Desde mayo de 2016, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional han detenido a 21 personas argumentando que habrían planificado, instigado o participado en acciones violentas contra el gobierno. La mayoría de esas personas afirman haber sido torturadas o sufrido otros abusos mientras estuvieron bajo custodia. En varios casos, aunque el Ministerio Público no presentó evidencias creíbles que vincularan a los acusados con delitos concretos, fueron imputados igualmente por la justicia. En algunas instancias, las pruebas consistían simplemente en la posesión de materiales de contenido político, como panfletos en los cuales se pedía la liberación de presos políticos.
“El gobierno de Maduro habla sobre diálogo en el exterior, mientras que en su propio país reprime la disidencia política”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “A menos que se ejerza una enérgica presión regional, el gobierno venezolano seguirá creyendo que puede continuar castigando brutal y autoritariamente la disidencia, sin que haya ningún tipo de consecuencias”.
De las 21 personas detenidas, todas menos dos han sido imputadas penalmente por delitos y nueve siguen detenidas.
En varios casos, los detenidos declararon ante la justicia que habían sufrido abusos físicos que podrían constituir tortura, incluidas violentas golpizas, descargas eléctricas y amenazas de violación sexual o muerte. Los patrones de maltrato que describen son coincidentes con casos que Human Rights Watch ha documentado en los dos últimos años en Venezuela. Algunos detenidos señalaron que fueron torturados para obligarlos a confesar delitos, y que agentes del SEBIN grabaron estas confesiones forzadas.
Human Rights Watch llevó a cabo investigaciones en Venezuela durante junio de 2016 y entrevistó a familiares y abogados, así como a una de las personas detenidas, y consultó documentos clave en los expedientes judiciales de varios casos, incluidos registros policiales y el testimonio directo de 11 detenidos, además de declaraciones de funcionarios gubernamentales. Los 21 casos ocurrieron en Caracas y en los estados de Bolívar, Cojedes y Zulia.
La mayoría de los detenidos eran activistas que señalaron que solamente habían participado en protestas y actividades políticas, como pedir la liberación de presos políticos o apoyar el referéndum revocatorio sobre la presidencia de Nicolás Maduro. Las autoridades vincularon a 10 de esas personas con una manifestación contra el gobierno en la cual personas no identificadas habían atacado a policías. La fiscalía sostuvo que la mayoría fueron aprehendidas mientras perpetraban o preparaban actos de violencia, pero no aportó pruebas creíbles para justificar estos señalamientos. Algunas personas declararon que ni siquiera habían participado en la manifestación.
Diversos informes policiales y señalamientos de fiscales y jueces citan publicaciones políticas lícitas como prueba contra los detenidos, según consta en expedientes judiciales y en declaraciones de funcionarios públicos o partidarios del gobierno. Entre las publicaciones se incluyen volantes que pedían la liberación del líder opositor Leopoldo López y documentos para impulsar un referéndum revocatorio. Entre las pruebas contra algunos detenidos se incluyó una mochila con el logotipo del partido opositor Primero Justicia. Una de estas personas fue acusada sobre la base de información aportada por un “patriota cooperante” anónimo, a pesar de que el fiscal manifestó ante el tribunal que no sería procedente presentar cargos en ese caso.
(3 de agosto, 2016)
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